Según el principio del derecho romano Uti Possidetis Juris, la Primera Junta de Gobierno, nacida a posteriori del 25 de mayo de 1810, heredaba los territorios del Virreinato del Río de la Plata, como lo establece el derecho internacional en lo que refiere a sucesión de Estados.
En 1811 el gobierno realista de Montevideo envía un buque a las islas Malvinas para replegar al personal del archipiélago con el fin de utilizarlo para combatir la Revolución, hecho en el que su último gobernador, Pablo Guillén, deja una placa en el campanario de la Real Capilla de Malvinas y una treintena de edificaciones más con una leyenda que rezaba:
“Esta isla con sus Puertos, Edificios, Dependencias y cuanto contiene pertenece a la Soberanía del Sr. D. Fernando VII Rey de España y sus Islas, Soledad de Malvinas 7 de febrero de 1811, siendo gobernador Pablo Guillén”.
La proclama del gobernador español Pablo Guillén no tiene ninguna validez jurídica internacional, es equiparable en su nulidad a la realizada por el capitán británico William Maltby cuando abandona Puerto Egmont, en el norte de Gran Malvina.
Finalmente España evacúa la guarnición de cuarenta y seis hombres con sus armas, cañones y documentación, pero, a pesar del desalojo impuesto por Buenos Aires, el archipiélago permaneció aún habitado con personal que quedó cuidando el ganado, cumpliendo una disposición de las Provincias Unidas, hecho que evidencia uno de los tantos y sucesivos actos de gobierno que se fueron documentando a lo largo de los años, tales como un permiso de caza de lobos marinos extendido en 1813 para el Señor Enrique Torres a bordo del bergantín El Rastrero, o la nota del ministro de guerra Beruti en 1816 al general José de San Martín, a cargo de la gobernación de Cuyo, solicitando presidiarios para enviar al presidio que desde tiempo del dominio español funcionaba en Malvinas.
El 30 de mayo de 1810 se da
curso a una solicitud relativa a la administración del archipiélago iniciada quince
días antes ante el Virrey Cisneros, respondida por Cornelio Saavedra y Juan
José Paso, equiparando el salario del gobernador del archipiélago, por ese entonces
era Guillermo Bondas, al de un capitán de un buque, dejando plasmado con sus
firmas que la autoridad administrativa del Cabildo seguía intacta sobre los
territorios del Virreinato del Río de la Plata.
